Tras elaborar el borrador, la 'hoja de ruta' entraría en una segunda fase, la de definir el convenio urbanístico, con el que todas las administraciones tienen que estar conformes; después se constituiría una sociedad a la que Manrique definió como «brazo ejecutor». Si se siguen esos pasos y se mantienen los plazos previstos, el presidente de la APS indicó que si se dan prisa, quizá en el 2010 podrían empezar las obras.
De la Serna, por su parte, mostró su convencimiento de que manteniendo la postura de diálogo y colaboración se puede alcanzar un acuerdo «pronto» y propuso para la firma del convenio un plazo de tres meses después de que se defina el desarrollo urbanístico.
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